¡Yo sí te creo!

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                                                   «Ustedes se preocupan por los vidrios rotos, nosotros por la rabia que los rompe

EZLN

 

Por Rita Balderas[1]

 

Durante décadas las mujeres hemos peleado con uñas y dientes por defender nuestros derechos y el reconocimiento de que somos sujetos capaces de realizar cualquier tarea profesional, al mismo tiempo, que somos madres, esposas, hijas, etcétera. La estigmatización y la criminalización de los colectivos que siguen en la lucha por defendernos a todas, sí, a todas, y que han salido a las calles a manifestarse está a la orden del día. Nos dicen de todo: feminazis, provocadoras, vándalas, mentirosas, calumniadoras, putas. En México, resulta más escandaloso pintar un monumento, que matar a una mujer.

Para muestra basta un botón, el pasado 3 de agosto del año en curso, una adolecente de 17 años fue violada por 4 policías en la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México. La joven declaró ante el Ministerio Público que se encontraba a unas calles de su domicilio ubicado en la colonia, San Sebastián, una de más peligrosas de dicha demarcación, dato que, por cierto, han omitido la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la Procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy.

Seis días después, el 9 de agosto, Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señaló ante los medios de comunicación que los policías, que presuntamente violaron a la menor, seguían laborando con normalidad porque no existía ninguna imputación, argumentando que no se pueden violar sus derechos laborales. Ante las manifestaciones de mujeres por lo ocurrido, el Secretario de Seguridad Ciudadana señaló que se vislumbraba un ambiente radicalizado de parte de las mujeres. La jefa de Gobierno por su parte aseguró que en este caso no habría impunidad, pero tampoco fabricación de culpables y llamó provocadoras a las mujeres que rociaron de diamantina rosa al Secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Dónde están los límites de la protesta social y dónde los de la justicia?

La versión de la Procuraduría hasta ese momento, era que las declaraciones de la menor de edad, no coincidían con los videos proporcionados por el sistema de seguridad, mejor conocido como, C5 para la investigación. Sin embargo, el noticiero En punto de Denise Maerker, hizo públicos unos videos de cámaras de seguridad privada en donde se observan los pasos de la menor de edad y la coincidencia de lo que declaró con lo ocurrido. El diario El Universal publicó enseguida que, además, se habían cometido irregularidades graves en el caso, una de ellas, que se dejaron pasar 4 días para aplicar los exámenes y protocolos para este tipo de sucesos. La PGJCMX desmintió lo difundido por el diario y señaló que se habían realizado todos los estudios en tiempo y forma.

Lo más grave de todo no fue ni la filtración de los videos, ni las presuntas contradicciones en las declaraciones de la menor, sino que las pruebas genéticas realizadas a los policías para saber si había restos de su ADN en la menor se perdieron. Sí, se perdieron. ¿De qué se trata este juego? ¿Quién era el responsable de cuidar esas pruebas? ¿Cómo fue y cuál fue la consecuencia de que eso pasara?

Diversos colectivos de mujeres exigieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) aclarar si las pruebas de ADN realizadas a la joven coincidían con las de los policías, pues esa sería una prueba irrefutable de que el delito se había cometido. La PGJCDMX se hizo bolas en sus declaraciones y prefirió responsabilizar al Ministerio Público de Azcapotzalco de no cuidar las pruebas sobre el caso.

Con enorme lentitud, evidente incompetencia y hasta misoginia, el gobierno capitalino ha subestimado una denuncia de violación de policías capitalinos contra una menor de edad. El tema se les ha salido de las manos debido a la presión social y como estrategia política, están desacreditando las movilizaciones y una vez más, criminalizando la protesta. Tanto Ernestina Godoy como Claudia Sheinbaum apelan al diálogo y hasta se creó el hashtag #NoMeRepresentan para aquellas mujeres que quieran deslindarse de las manifestaciones disruptivas del pasado 16 de agosto.

La indignación por los daños estructurales ha inundado las redes sociales y los medios informativos. El Gobierno de la ciudad dijo que dejará en manos de los expertos el diagnóstico del vandalismo. Menuda contradicción, así de mal estamos como sociedad si una violación o un feminicidio no causan el mismo efecto que el rechazo a la protesta social. Estamos cada vez peor, si recurrimos a los expertos para evaluar los daños en las calles, pero no acudimos a esos expertos para esclarecer cómo y por qué se perdieron las pruebas genéticas hechas a los policías. Estamos realmente mal, si seguimos permitiendo que la protesta social se criminalice, mientras normalizamos la violencia contra las mujeres. Una vida no vale menos que un monumento.

Hay que tener claro que no todos los grupos que asistieron a la manifestación tienen esos modus operandi disruptivos ni violentos para exigir a la autoridad que haga su trabajo y garantice la seguridad y la justicia de todas. Si usamos el mismo método de la autoridad para resolver este tipo de casos, podríamos pensar que los grupos de mujeres y de hombres (porque también había) que agredieron a periodistas, manifestantes y que causaron otros daños en las calles, monumentos y transporte público, fueron sembrados ahí para deslegitimar la protesta que tiene una auténtica demanda: frenar la violencia contra las mujeres.

Según el colectivo “Congreso popular, social y ciudadano” hasta el momento, suman 423 mujeres asesinadas en el país. Específicamente en la Ciudad de México, la alcaldía Tlalpan, gobernada por Claudia Sheinbaum entre 2015 y 2017, es la principal demarcación de agresión a mujeres, por lo que, se han implementado medidas como el auto toque de queda para que mujeres, niñas y jóvenes no salgan a la calle después de las 10 de la noche. De ese tamaño fue y sigue siendo la incompetencia del gobierno de doña Claudia.

Quizá es hora de recordarles a ella y a Ernestina Godoy que su trabajo es garantizar la seguridad de todos los habitantes de la Ciudad de México, que a Sheinbaum se le votó en las urnas y que no llegó a ese cargo por su excelente curriculum académico, ése que tanto presume con tan inaudita soberbia. Resulta contradictorio que ambas funcionarias, se hayan manifestado con mucha firmeza por los actos vandálicos ocurridos durante la manifestación de mujeres de este viernes 16 de agosto, pero actúan con mucha tibieza frente a las violaciones, asesinatos, agresiones, robos, secuestros y otros delitos cometidos contra mujeres.

Resulta aún más indignante que Ernestina Godoy, una mujer que durante su juventud fue una activista importante y quien fungió como representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno, hoy salga públicamente a criminalizar la protesta social.

Quizá la respuesta a todo este sainete está en la creación de la Guardia Nacional, pues al Gobierno Federal le interesa recuperar la confianza de los ciudadanos en la policía. ¿Qué pasaría si se pone en evidencia que la policía, lejos de cuidar, se ha vuelto un agresor más en esta ciudad?

El gobierno de la Ciudad de México parece estar decidido a defender a los cuerpos policiacos a costa de lo que sea. Ésa policía que parece estar podrida, coludida con la delincuencia y que despide un pestilente hedor a corrupción. En julio de este año se creó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción Policial. El gobierno capitalino aseguró que este órgano serviría para atender las quejas contra los policías e investigar las conductas indebidas de estos cuerpos del orden público. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cada queja tendría un periodo máximo de 15 días para su esclarecimiento y respuesta. ¡Qué va! el organismo brilla por su ausencia.

Las mujeres estamos hartas de normalizar la violencia en nuestra contra, de soportar acoso sexual en la calle, en el transporte, en los sitios públicos. Estamos hartas de que se nos discrimine, de que sean otros quienes decidan lo que debemos hacer, lo que debemos callar, lo que está bien y lo que no, aunque las afectadas directamente seamos nosotras. Estamos hartas de tanta injusticia.

Yo sí le creo a la adolescente de 17 años y a cada mujer que aún con miedo, ha preferido denunciar que guardar silencio. A ellas dedico estas letras y desde esta trinchera me solidarizo con su lucha y con la causa justa de sus demandas, que desde luego, también son las mías.

[1] Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM-Cuajimalpa

 

 

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