Congreso ocupado en la educación, víctimas y paridad de género

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San Raymundo Jalpan.– Con la finalidad de que las particularidades del estado de Oaxaca sean contempladas en las leyes secundarias de la Reforma Educativa, el Congreso del Estado de Oaxaca exhortó al Congreso de la Unión para que rubros como la enseñanza de las lenguas maternas de cada pueblo originario y afromexicano  se conserve y se fomente en la educación gratuita y pública de todos los niveles educativos.

La propuesta aprobada fue presentada por la diputada Inés Leal Pelaez y donde indica que la anterior “mal llamada” reforma educativa  únicamente generó el abandono rotundo de la aplicación de las garantías constitucionales, ya que la educación no es un privilegio, sino deber del Estado, que es garantizar la educación pública y gratuita.
A propuesta de la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, la 64 Legislatura aprobó una solicitud para que el gobernador del Estado remita al Congreso Local la terna de los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado Ejuctivo de conformidad con los artículos 92 y 93 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.

También se contempla que dentro del presupuesto de egresos del 2020 que remita el Ejecutivo al Legislativo, contemple una partida presupuestal para el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, contemplado en la misma Ley y garantizar con ello la atención integral a víctimas.
Una campaña de difusión y respeto hacia los derechos de las mujeres en medios de transporte público, también fue solicitada por las y los integrantes de la LXIV Legislatura, para que a través de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y la Secretaría de Movilidad, se implenten dichas acciones.
La propuesta emanada de la diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz detalla que el Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014–2018, propone la implementación de un esquema de capacitación y sensibilización desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres a fin de que las y los servidores públicos desempeñen sus labores con respeto a la dignidad.

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